La noticia publicada por El País sobre mujeres nigerianas sometidas al llamado “punto del marido” nos habla de violencia obstétrica no de un error médico, una mala praxis aislada o intervenciones que vienen marcadas por la falta de recursos sanitarios. Lo que podemos leer en el reportaje es una intervención sobre el cuerpo de mujeres recién paridas en la que se añaden puntos de sutura en la zona vaginal, sin necesidad clínica y sin consentimiento, con una finalidad explícitamente patriarcal: estrechar la entrada vaginal para favorecer, supuestamente, el placer sexual masculino. Las mujeres entrevistadas relatan dolor intenso, ausencia de información, falta de consentimiento, secuelas físicas, miedo a volver a parir, dificultades sexuales y una vivencia traumática del nacimiento de sus hijos e hijas.
Desde la criminología, este tipo de prácticas no puede analizarse únicamente como una cuestión sanitaria. Es, sobre todo, una forma de violencia institucional, simbólica y de género. Institucional, porque ocurre en espacios donde las mujeres deberían recibir protección, cuidado y asistencia profesional. Simbólica, porque transmite un mensaje de jerarquía: el cuerpo de la mujer queda subordinado a expectativas culturales sobre la maternidad, la obediencia, la sexualidad conyugal y el placer masculino. Y de género, porque el daño se produce precisamente sobre un cuerpo feminizado, en un momento de especial vulnerabilidad física y emocional, como lo es el momento del parto.
La Organización Mundial de la Salud ya advirtió en 2014 que muchas mujeres sufren tratos irrespetuosos y abusivos durante el parto en centros sanitarios, y que estas prácticas pueden vulnerar derechos como la salud, la integridad corporal, la dignidad y la no discriminación. En 2018, la propia OMS recomendó una atención materna respetuosa, basada en la dignidad, la privacidad, la confidencialidad, la ausencia de maltrato, la elección informada y el acompañamiento durante el parto. Es decir, no basta con que una intervención sea técnicamente posible: debe ser clínicamente necesaria, estar explicada, contar con consentimiento y realizarse en beneficio de la mujer.
El conocido como «punto del marido» es especialmente grave porque revela una inversión perversa de prioridades. La reparación de un desgarro o de una episiotomía debe tener como finalidad restaurar la anatomía dañada, favorecer la cicatrización y evitar complicaciones. Añadir puntos para modificar la vagina con fines sexuales ajenos a la salud de la paciente supone convertir una intervención sanitaria en una práctica de control corporal. En la noticia, una ginecóloga nigeriana citada por El País subraya precisamente que los desgarros perineales se reparan, pero en esa reparación no se deben añadir puntos adicionales para estrechar la entrada vaginal; también advierte de riesgos como dolor en las relaciones sexuales, infecciones y complicaciones de la herida.
Las consecuencias físicas pueden ser muy severas. Las mujeres entrevistadas describen dolor persistente, problemas de cicatrización, incontinencia urinaria, inflamación, dificultades para sentarse, molestias prolongadas y necesidad de intervención posterior para corregir la sutura. Este daño no debe minimizarse bajo la idea de que «el parto duele» o de que ciertas secuelas son inevitables. Una cosa es el riesgo inherente a un proceso obstétrico y otra muy distinta es causar un daño añadido, evitable y no consentido.
Las consecuencias psicológicas son igualmente severas, profundas y perdurables. El parto puede convertirse en un recuerdo intrusivo, cargado de miedo, indefensión y humillación. Algunas mujeres expresan rechazo a volver a quedarse embarazadas, temor a repetir la experiencia o sensación de haber sido tratadas como objetos. Desde la victimología, esto es clave: el trauma no procede sólo del dolor físico, sino también de la pérdida de control, de la imposibilidad de decidir, de la desatención al sufrimiento y de la quiebra de confianza en quienes tenían el deber profesional de cuidar.
También hay consecuencias sexuales. La violencia obstétrica puede afectar al deseo, al placer, a la capacidad de mantener relaciones sin dolor y a la vivencia del propio cuerpo. En el caso del «punto del marido», el daño sexual es doble: por un lado, puede generar dispareunia (dolor crónico antes, durante o después de la penetración), miedo, evitación o rechazo; por otro, introduce una dimensión simbólica devastadora, porque la mujer descubre que su cuerpo ha sido intervenido no para sanar, sino para adecuarse a una expectativa sexual masculina. No se trata solo de una herida en el tejido: es una herida en la autonomía sexual.
La dimensión simbólica es, quizá, la más profunda. Esta práctica comunica que el cuerpo de la mujer puede ser corregido, ajustado o «mejorado» para el placer sexual de otro. La frase recogida por El País, la idea de haber dejado a una mujer «virgen de nuevo» o de haber complacido al marido, expresa una concepción profundamente patriarcal de la sexualidad femenina: la mujer como cuerpo disponible, como canal reproductivo, como espacio de servicio. Criminológicamente, esto conecta con formas de dominación normalizadas que no siempre aparecen como violencia explícita, pero que producen daño, sometimiento y desigualdad.
Por eso, algunas expertas comparan esta práctica con la mutilación genital femenina cuando implica una alteración no necesaria de los genitales femeninos, sin beneficio médico para la mujer y con una finalidad vinculada al control sexual. La comparación no es exacta, porque las formas, contextos y marcos legales pueden variar, pero nos permite identificar un punto común: la apropiación del cuerpo femenino por normas sociales que priorizan la sexualidad masculina, la virginidad, la obediencia o la pureza por encima de la salud y la voluntad de las mujeres.
La violencia obstétrica no se limita, sin embargo, a esta práctica extrema. Puede incluir tactos vaginales sin consentimiento, episiotomías no justificadas, intervenciones dolorosas sin anestesia, humillaciones, infantilización, separación innecesaria del bebé, imposición de posturas, cesáreas no explicadas o medicalización excesiva y un largo etcétera de prácticas que, en su mayoría, están fuertemente normalizadas a lo largo y ancho del mundo. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoció en 2019 la violencia obstétrica y ginecológica como una forma de violencia durante la atención sanitaria, mencionando prácticas no consensuadas como episiotomías, tactos vaginales, presión fundal e intervenciones dolorosas sin anestesia.
En España, el debate existe y no es menor. El Comité CEDAW de Naciones Unidas declaró en 2022 la responsabilidad de España en un caso de violencia obstétrica en el que una mujer alegó trauma físico y psicológico duradero tras su parto. Además, trabajos publicados en Gaceta Sanitaria definen la violencia obstétrica como prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud durante el embarazo, parto y puerperio que, por acción u omisión, resultan violentas o son percibidas como tales. Esta precisión es importante: hablar de violencia obstétrica no implica criminalizar toda intervención médica ni negar la complejidad del parto, sino exigir que la asistencia se ajuste a la evidencia científica, al consentimiento informado y al respeto a la dignidad.
Desde una perspectiva criminológica, el problema se sitúa en una zona de frontera entre daño social, violencia de género, responsabilidad profesional y derechos humanos. Muchas prácticas obstétricas violentas no llegan a denunciarse, no se reconocen como victimizaciones o quedan diluidas bajo expresiones como «es lo normal», «lo importante es que el bebé está bien» o «los médicos saben lo que hacen». Esta invisibilización es parte del problema: desactiva la voz de la víctima, minimiza el daño y refuerza relaciones de poder asimétricas.
El País. “El punto de sutura de más en la vagina de las nigerianas…”, 15 de junio de 2026.