El 4 de enero de 2026, en Quesada (Jaén), una mujer de 38 años llamada Pilar fue asesinada presuntamente por su expareja, un hombre de 61 años, en lo que se ha confirmado como el primer asesinato machista de España en 2026. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado en el paraje de Los Molinos, con heridas de arma blanca y signos de violencia. Tras el hallazgo, la Guardia Civil detuvo al hombre, y un juzgado de Cazorla ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, imputándole un delito de homicidio y el posible quebrantamiento de una orden de alejamiento que tenía en vigor.
Este caso ha sido oficialmente incorporado a las estadísticas de violencia de género del Ministerio de Igualdad, situando la cifra de mujeres asesinadas por violencia machista en 1.342 desde que comenzaron los registros en 2003.
Según las informaciones oficiales, Pilar había denunciado previamente a su agresor por episodios de maltrato, lo que dio lugar a medidas de protección,incluida la orden de alejamiento vigente en el momento del crimen, y a su inclusión en Viogén, el sistema policial de seguimiento de víctimas de violencia machista en España.
La confirmación de que este asesinato responde a violencia de género ha sido acompañada de condenas institucionales y llamadas a reforzar la prevención y los mecanismos de protección. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad han manifestado su compromiso en continuar con las políticas de atención y protección, subrayando la necesidad de la detección temprana y la coordinación interinstitucional para evitar nuevas víctimas.
Desde una perspectiva criminológica, es importante analizar este caso por varios motivos. Por un lado, vemos que la agresión fue cometida por la expareja de la mujer, un factor de riesgo documentado en numerosos estudios sobre violencia letal hacia mujeres. La ruptura de la relación, incluso con medidas de protección en vigor, no eliminó el peligro que representaba el agresor. Por otro lado, vemos la existencia de denuncias y orden de alejamiento que podrían dar lugar a pensar que la víctima era inmune a un nuevo ataque. Aunque estos mecanismos son fundamentales para la protección, su eficacia no siempre garantiza la seguridad plena de la víctima, especialmente si no van acompañados de un seguimiento adecuado de los riesgos individuales. Los antecedentes de maltrato y la orden de alejamiento quebrantada apuntan a fallos en la prevención que deben analizarse en profundidad. Por último, es importante mostrar que el empleo de un arma blanca indica un acto de violencia directa y contundente, reflejando la intención letal del agresor y su capacidad para causar daño grave a pesar de las limitaciones impuestas (alejamiento y vigilancia policial).
Este crimen debería reabrir el debate sobre la eficacia de los sistemas de protección existentes, como Viogén, y destacar la necesidad de fortalecer las estrategias criminológicas y policiales para identificar señales de escalada peligrosa en casos de violencia de género. Incluir a criminólogas y criminólogos en todo el proceso (prevención, intervención y rehabilitación) es ya urgente ya que el análisis profesional de cada caso puede aportar información valiosa para mejorar la prevención situacional, la evaluación de riesgo dinámica y la intervención temprana en relaciones con historial de abusos.
Imagen: El País