La noticia publicada en El País describe cómo, en un contexto de represión y criminalización de la educación femenina, han surgido escuelas clandestinas para niñas en Afganistán, convirtiéndose en uno de los pocos espacios donde se vislumbra un futuro de esperanza y transformación. Desde una perspectiva criminológica, podemos decir, por un lado, que el régimen que impone la prohibición de la educación para niñas utiliza la ley como herramienta para ejercer un control social opresivo. Esta criminalización no solo atenta contra un derecho fundamental, sino que actúa como una forma de violencia estructural y estatal, al marginar a un sector vulnerable de la sociedad.
La creación de escuelas clandestinas es una respuesta de resistencia ante un sistema que utiliza la criminalización para perpetuar la desigualdad. Desde el análisis criminológico, se trata de una forma de organización informal que desafía el monopolio del poder legal y estatal, actuando como una subversión contra las normas impuestas y preservando la posibilidad de un cambio social.
Por otro lado, el carácter clandestino de estas escuelas implica que tanto estudiantes como docentes y familias se encuentran expuestos a altos niveles de riesgo, incluyendo violencia física, persecución judicial y represalias por parte del régimen. Esta situación pone de relieve cómo el uso del derecho para controlar y reprimir se traduce en prácticas que pueden considerarse crímenes de Estado, afectando directamente a los derechos humanos.
Además, la existencia de estas iniciativas cuestiona la legitimidad de un marco legal que, en lugar de proteger a la ciudadanía, criminaliza el acceso a derechos básicos. Desde la criminología crítica se propone repensar estos sistemas normativos y promover una justicia que priorice la equidad y el respeto a la dignidad humana, evidenciando la necesidad de transformar estructuras legales que perpetúan la exclusión.
Imagen de Diego Sinova publicada en El Mundo.