El reciente anuncio del pacto de Estado contra la violencia de género, reportado por El País el 26 de febrero de 2025, marca un hito en la respuesta institucional a uno de los problemas sociales más arraigados. Este acuerdo, que pone especial énfasis en la protección de los menores y en la coordinación entre distintas instituciones, invita a una reflexión profunda desde el campo de la criminología.
El pacto se configura como una estrategia integral para combatir la violencia de género, reconociendo la complejidad del fenómeno y la necesidad de medidas específicas que vayan más allá de respuestas aisladas. Entre sus objetivos destacan:
- Aumentar la protección a los menores: Se reconoce que los menores pueden ser tanto víctimas directas como testigos de la violencia de género, lo que implica un riesgo adicional para su desarrollo y bienestar.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional: La efectividad de las medidas de prevención y represión depende en gran medida de la colaboración entre organismos de seguridad, justicia, servicios sociales y educativos, entre otros.
Desde una perspectiva criminológica, el pacto puede ser analizado en varios niveles:
- Prevención y disuasión: La implementación de protocolos coordinados puede contribuir a la detección temprana de situaciones de riesgo, permitiendo una intervención oportuna que disuada la escalada de comportamientos violentos. La integración de información y recursos entre instituciones es crucial para identificar patrones y prevenir futuros delitos.
- Protección de las víctimas y testigos menores: El refuerzo de medidas orientadas a la protección de los menores implica un reconocimiento de la vulnerabilidad de este colectivo en contextos de violencia de género. La adopción de estrategias específicas, como refugios o programas de apoyo psicológico y legal, puede mejorar significativamente la capacidad del sistema para salvaguardar a los más vulnerables.
- Eficacia institucional y coordinación: La coordinación entre diferentes organismos no solo optimiza el uso de recursos, sino que también promueve la creación de una base de datos integrada y el intercambio de información clave. Esto, a su vez, facilita la elaboración de perfiles delictivos y la implementación de medidas preventivas más focalizadas.
Si bien el pacto presenta una oportunidad importante para mejorar la respuesta ante la violencia de género, también se enfrenta a varios desafíos:
- Implementación efectiva: Traducir los compromisos en acciones concretas requiere de un compromiso sostenido y de la adaptación de protocolos que sean operativos en el terreno.
- Formación y sensibilización: La coordinación interinstitucional debe ir acompañada de programas de formación que doten a los profesionales de las herramientas necesarias para actuar de manera conjunta y eficaz.
- Evaluación y seguimiento: La creación de indicadores claros de éxito y la realización de evaluaciones periódicas serán esenciales para ajustar las estrategias a medida que se vayan implementando.
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Fuente de la imagen: AMS Mujeres para la salud.