Lo sucedido en Guatemala, con motines simultáneos en varias cárceles, la toma de rehenes y una cadena de asesinatos de policías, no puede leerse como un estallido espontáneo de violencia, sino como una acción calculada de intimidación criminal. La reacción coordinada atribuida a Barrio 18 revela hasta qué punto las pandillas guatemaltecas han superado el marco clásico de delincuencia juvenil para operar como estructuras criminales con capacidad de presión directa sobre el Estado. El mensaje es transparente y directo: si se ven amenazados, como ha ocurrido con su espacio penitenciario, la respuesta es violenta e inmediata.
La clave criminológica del episodio está en la sincronización entre lo que ocurre dentro de prisión y lo que sucede en la calle. Las cárceles, lejos de funcionar como espacios de neutralización del delito, actúan en muchos casos como centros de mando desde los que se transmiten órdenes, se mantiene la disciplina interna y se coordina la violencia exterior. La retención de funcionarios penitenciarios y la capacidad de sostener el control de los centros durante horas solo es posible en contextos de debilidad institucional, hacinamiento y corrupción estructural, elementos que organismos internacionales llevan años señalando en el sistema penitenciario guatemalteco.
Guatemala convive desde hace décadas con la presencia de pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, importadas del país vecino, cuya implantación territorial se basa principalmente en la extorsión sistemática, el control de barrios y la intimidación cotidiana de comerciantes, transportistas y vecinos. Aunque estas organizaciones no siempre encajan en el modelo clásico de cartel de narcotráfico, sí cumplen muchos de los criterios internacionales de crimen organizado: estructura estable, reparto de funciones, continuidad temporal y obtención de beneficios económicos mediante delitos graves. Naciones Unidas ha subrayado que las pandillas centroamericanas operan como actores criminales territoriales, con una fuerte capacidad de coerción local, aunque sus vínculos con el tráfico transnacional de drogas sean variables y, en ocasiones, secundarios.
El episodio ocurrido recientemente (el asesinato de diez policías en distintos puntos del país) ilustra precisamente esa forma de criminalidad organizada de base territorial. La violencia no busca únicamente causar víctimas, sino forzar decisiones políticas, desbordar a las fuerzas de seguridad y evidenciar la incapacidad estatal para imponer control. El asesinato de agentes policiales en paralelo a los motines penitenciarios responde a una lógica de represalia y advertencia: cualquier intento de limitar privilegios, aislar liderazgos o recuperar el control carcelario tendrá un coste inmediato.
Este tipo de respuesta violenta también pone de relieve la profunda interdependencia entre pandillas y corrupción institucional. Sin la colaboración activa o pasiva de funcionarios, el acceso a teléfonos móviles, armas improvisadas o información estratégica sería mucho más limitado. Por eso, las medidas excepcionales anunciadas tras los hechos, como lo son la militarización, los traslados o el endurecimiento del régimen penitenciario, suelen tener un impacto limitado si no van acompañadas de reformas estructurales, investigación financiera y depuración real de las instituciones afectadas.
La designación internacional de Barrio 18 como organización terrorista añade una capa política y simbólica al conflicto, pero desde un punto de vista criminológico no altera el núcleo del problema. Etiquetar a las pandillas como terrorismo puede ampliar herramientas legales y reforzar la cooperación internacional, pero también corre el riesgo de desplazar el foco desde la prevención, la inteligencia criminal y la reconstrucción institucional hacia una lógica exclusivamente punitiva. La experiencia regional muestra que la represión sin control efectivo de cárceles y sin reducción de la economía de la extorsión tiende a generar ciclos de violencia cada vez más intensos.
En ese sentido, el “golpe” de las pandillas en Guatemala no solo deja al descubierto la impotencia del Gobierno ante el crimen organizado, como señala la noticia, sino también una realidad más profunda: mientras las prisiones sigan siendo espacios de poder criminal y la extorsión continúe siendo una fuente estable de ingresos, las pandillas conservarán la capacidad de desafiar al Estado y de condicionar la seguridad cotidiana de la población.
Imagen de Moises Castillo (AP) en El País.