Hoy, 20 de enero de 2026, se ha recogido una noticia en la edición digital de El País en la que podíamos conocer la desaparición, violación y asesinato de Yuvinka, una niña de ocho años en Santa Cruz (Bolivia), presuntamente a manos de un familiar político. Tras su lectura se pueden vislumbrar dos dinámicas que suelen coexistir en la violencia contra mujeres y niñas: la violencia intrafamiliar como escenario de riesgo y la normalización social del silencio, sobre todo, cuando el agresor pertenece al entorno cercano.
En términos de oportunidad delictiva, el patrón es tristemente reconocible: proximidad, acceso, asimetría de poder y control de la narrativa. El presunto autor no sería un desconocido, sino alguien con acceso a la rutina de la menor y, por tanto, con capacidad de aproximación sin levantar sospechas inmediatas. Eso no solo incrementa la vulnerabilidad, también reduce la probabilidad de denuncia temprana: cuando el agresor forma parte del entorno de confianza, la familia y el vecindario pueden convertirse -por miedo, dependencia económica, vergüenza, lealtades o amenazas- en un cinturón de contención que retrasa la investigación y degrada pruebas. La propia noticia subraya ese obstáculo: el “silencio familiar” como freno en el avance del caso.
Criminológicamente, esto se enmarca en el continuum de violencia de género: la agresión sexual, la violencia física y el homicidio no aparecen de la nada, sino que suelen asentarse en contextos donde ya hay tolerancia previa a formas de dominación que podemos considerar menos graves como el control, técnicas de humillación, la coerción o la impunidad cotidiana. En Bolivia, según datos oficiales citados en la noticia, en 2025 se registraron miles de denuncias por agresión sexual contra niñas, y una proporción muy alta de los agresores pertenecía al ámbito familiar. Cuando la violencia sexual infantil se vuelve frecuente y, al mismo tiempo, infra denunciada, el mensaje implícito para potenciales agresores es peligroso: hay escenarios donde el coste percibido es bajo.
Si ampliamos el foco a la violencia contra la mujer (no sólo contra niñas), los datos disponibles describen un problema masivo y persistente. Una referencia estadística clave en Bolivia es la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (2016), que muestra prevalencias muy elevadas en violencia de pareja y una brecha territorial desfavorable para el ámbito rural. Este sustrato importa porque la violencia extrema, incluido el feminicidio, suele emerger en trayectorias donde la agresión se cronifica, se mezcla con control coercitivo y se encuentra con respuestas institucionales insuficientes o tardías.
A esa base se suman los indicadores de respuesta penal y administrativa. La Fiscalía boliviana, por ejemplo, ofrece series de “casos ingresados” bajo la Ley 348 (marco integral contra la violencia hacia las mujeres) con volúmenes muy altos: decenas de miles en periodos anuales parciales y una concentración relevante en el delito de violencia familiar o doméstica. Esto no significa automáticamente que “haya más violencia que antes” (también puede reflejar más denuncia o más registro), pero sí confirma un hecho operativo: el sistema recibe una carga estructural de violencia que exige prevención sostenida, protección eficaz y justicia con tiempos razonables. Si la respuesta es lenta o inconsistente, el riesgo de escalada hacia formas más graves de violencia se incrementa.
En América Latina y el Caribe, el problema tiene además una dimensión comparativa clara: la región mantiene cifras de violencia feminicida que, año tras año, siguen siendo incompatibles con la idea de hechos aislados. Los recuentos regionales basados en datos oficiales consolidados por organismos internacionales describen miles de asesinatos de mujeres por razones de género cada año. Y, en paralelo, las estimaciones sanitarias y de derechos humanos apuntan a prevalencias muy altas de violencia física y sexual contra mujeres a lo largo de la vida. Dicho de forma simple: la violencia es frecuente, ocurre cerca y se sostiene en factores estructurales (desigualdad, normas de género, debilidad de protección, impunidad, dependencia económica, y fallas de coordinación institucional).
Volviendo al caso de Yuvinka, su impacto social también revela un componente de “alarma moral” que puede ser útil si se convierte en política pública: cuando un país se conmociona, aparece una ventana para reforzar educación sexual y de derechos desde edades tempranas, mecanismos seguros de revelación en escuelas y servicios sociales, formación especializada para operadores (policía, fiscalía, salud, educación), y medidas que reduzcan la repetición: evaluación de riesgo, protección efectiva y reducción de la tolerancia comunitaria a señales previas. Sin esos eslabones, la norma existe, pero el delito se reproduce. Y, una vez más, la presencia de criminólogos y criminólogas en todo el proceso es urgente.
Foto Thomas Cockrem (Alamy/Cordon Press), fuente: El País