En la madrugada del 1 de enero de 2026, un incendio en un local de ocio nocturno de la estación alpina de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, provocó una de las tragedias más graves registradas en el país en las últimas décadas. El fuego se declaró durante una celebración de Año Nuevo y causó decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones graves por inhalación de humo y quemaduras. La rápida propagación de las llamas, unida a la elevada concentración de personas en el interior, dificultó de forma crítica la evacuación.
Las investigaciones penales abiertas por las autoridades suizas apuntan a que el incendio pudo originarse por el uso de elementos pirotécnicos o llamas abiertas en el interior del local, que habrían entrado en contacto con materiales altamente inflamables del techo o de la decoración. A ello se suman factores agravantes como posibles deficiencias en las salidas de emergencia, una sobreocupación del espacio y la falta de medidas de autoprotección suficientes para un evento de estas características. Aunque el origen exacto continúa bajo investigación judicial, el foco no se sitúa en la intencionalidad, sino en la conducta negligente que pudo generar un riesgo grave y previsible para las personas asistentes.
Desde una perspectiva criminológica, este tipo de sucesos permite analizar cómo la negligencia puede convertirse en una forma de delictividad, especialmente cuando afecta a contextos de seguridad pública. No se trata de un delito doloso, sino de una posible infracción penal por imprudencia grave, en la que los responsables del establecimiento habrían incumplido deberes objetivos de cuidado legalmente exigibles. En los ordenamientos penales europeos, incluida Suiza, la creación de un riesgo no permitido que desemboque en muertes o lesiones puede dar lugar a delitos de homicidio y lesiones por negligencia, así como a responsabilidades adicionales relacionadas con la seguridad colectiva.
La criminología ha señalado de forma reiterada que los delitos imprudentes suelen recibir menos atención social que los delitos intencionales, a pesar de que su impacto puede ser igual o incluso mayor. En espacios de ocio nocturno, la negligencia estructural, que suele venir de la mano de materiales inadecuados, falta de planes de evacuación, controles de aforo laxos o prácticas peligrosas normalizadas, entre otros, se combina con una percepción social del riesgo distorsionada, tanto por parte de los gestores como del público. Esta normalización del peligro reduce la percepción de ilicitud, aunque el daño potencial sea perfectamente previsible.
El caso de Crans-Montana también pone de relieve la dimensión organizacional y estructural de la negligencia, más allá de la actuación individual. La investigación judicial no solo examina la conducta de los propietarios o gestores del local, sino también el papel de los mecanismos de inspección, control administrativo y supervisión institucional. Cuando los sistemas de control fallan o se aplican de manera deficiente, la negligencia deja de ser un hecho aislado y se convierte en un fenómeno sistémico con consecuencias letales e incontrolables.
Este tipo de tragedias debería reforzar la idea de que la prevención del delito no se limita a la persecución de conductas intencionalmente violentas, sino que incluye la prevención de riesgos derivados de la irresponsabilidad, la omisión y la falta de diligencia. La naturalización de lo laxo en las debidas revisiones del funcionamiento de los establecimientos y de sus medidas de seguridad, sumado a la existencia, en ocasiones, de individuos o estructuras corruptas en la administración, tienen un elevado coste en lesiones y vidas humanas.
Fuente de la imagen: El País