El caso que ha llevado a España a ser condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no es solo una historia de presuntas agresiones sexuales mediante sumisión química, sino un ejemplo paradigmático de cómo determinados patrones delictivos y, sobre todo, determinadas respuestas institucionales, contribuyen a la impunidad y a la victimización secundaria. Los hechos denunciados ocurrieron en Pamplona en diciembre de 2016, apenas cinco meses después de la violación grupal perpetrada por La Manada durante los Sanfermines, un contexto temporal que no es irrelevante desde una perspectiva criminológica.
Uno de los elementos más perturbadores del caso es el contenido de las conversaciones de WhatsApp recuperadas de los teléfonos de los investigados. En ellas aparecen expresiones como «juego al límite de lo legal» o referencias explícitas a la burundanga y a la dificultad de «pillar» pruebas si no se analiza el cubata. Este tipo de mensajes no solo apuntan a un posible conocimiento previo de la sumisión química como método para facilitar agresiones sexuales, sino que reflejan una cultura de normalización de la violencia sexual, tratada como una broma o un reto entre iguales. Desde la criminología, este fenómeno se relaciona con las dinámicas de grupo y con la llamada neutralización moral: los agresores minimizan el daño («yo no fuerzo, solo un poco») y diluyen la responsabilidad individual en el grupo.
La sumisión química constituye una modalidad especialmente grave de violencia sexual. Su eficacia delictiva se basa en la indefensión de la víctima y en la dificultad probatoria: sustancias como la escopolamina producen desinhibición, amnesia anterógrada y desaparecen del organismo en pocas horas. Esto explica por qué muchas víctimas no recuerdan con claridad lo sucedido y por qué, si no se actúa de forma inmediata, las pruebas toxicológicas resultan negativas o inexistentes. Desde el punto de vista criminológico, esta dificultad probatoria exige una respuesta institucional reforzada, no una relajación de la investigación.
El caso de Pamplona también permite reflexionar sobre las violaciones en grupo. Al igual que ocurrió con La Manada, aquí aparecen elementos de cosificación de las mujeres, lenguaje deshumanizante y planificación previa de las interacciones. Las agresiones sexuales múltiples no son fruto del azar: suelen apoyarse en la complicidad entre agresores, en la percepción de impunidad y en contextos de ocio nocturno donde el consumo de alcohol y otras sustancias actúa como facilitador. La referencia reiterada al «medio» —la bebida— como vehículo de la agresión encaja plenamente en estos patrones.
Sin embargo, más allá de la conducta de los presuntos agresores, el aspecto más grave señalado por el TEDH es la actuación de las instituciones. La jueza instructora no tomó declaración a los investigados en condiciones adecuadas, la fiscalía no estuvo presente en momentos clave y pruebas esenciales fueron destruidas o no analizadas. Desde una perspectiva criminológica y victimológica, esto constituye un claro ejemplo de victimización secundaria: las denunciantes no solo sufrieron una presunta agresión sexual, sino también un proceso judicial que las desprotegió, las invisibilizó y prolongó su sufrimiento durante años. El propio tribunal de Estrasburgo reprocha a España la falta de una investigación efectiva e independiente, un estándar mínimo en casos de violencia sexual.
La comparación con La Manada, señalada tanto por las víctimas como por su abogado, no es meramente emocional. Mientras aquel caso fue investigado con intensidad (aunque no exento de polémica), este quedó invisibilizado, como si la existencia de una gran causa mediática justificara la desatención de otras denuncias. Desde la criminología crítica, este fenómeno puede leerse como una jerarquización de las víctimas: algunas merecen credibilidad, recursos y respuesta penal; otras quedan relegadas al olvido.
Este caso pone sobre la mesa tres cuestiones clave. Primero, la necesidad de reconocer la sumisión química como un problema real y no excepcional, que requiere protocolos policiales y sanitarios específicos. Segundo, la importancia de comprender las violaciones en grupo como delitos estructurales, vinculados a dinámicas masculinas de poder y complicidad. Y tercero, la urgencia de evitar la victimización secundaria mediante investigaciones diligentes, independientes y centradas en las víctimas. Como recuerda una de las denunciantes, no existen «víctimas de segunda». Cuando el sistema falla, el daño no es solo individual, sino social y democrático.
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