En criminología y en un Estado de derecho, la presunción de inocencia no es un formalismo: es un dique de contención frente al error, la estigmatización y la violencia. Cuando se imputan delitos sin evidencias verificables o se culpa a colectivos enteros por la conducta de un individuo, se activan mecanismos bien estudiados por la criminología de la reacción social: etiquetado (labeling), pánico moral y culpa colectiva. El resultado previsible es el deterioro de la convivencia, la justificación de respuestas punitivas informales (exceso de vigilancia) y, paradójicamente, peores condiciones para investigar y prevenir delitos.
Cinco razones criminológicas para evitar la acusación sin pruebas
- Garantías y error
Acusar sin base desdibuja el estándar probatorio (“más allá de duda razonable” en lo penal) y aumenta el riesgo de falsos positivos (personas inocentes señaladas). Ese coste no es abstracto: afecta a reputaciones, trabajos, seguridad personal y a la confianza en instituciones. - Efecto de etiquetado
Cuando se marca a alguien, o a todo un grupo, como “delincuente” o “peligroso” sin fundamento, se favorece la estigmatización y el aislamiento, que pueden reforzar trayectorias delictivas o precipitar conflictos intergrupales. El salto de “un autor” a “los de tal ideología” es un atajo cognitivo que distorsiona la atribución de responsabilidad. - Pánico moral y culpa colectiva
Ante hechos graves, proliferan narrativas que buscan chivos expiatorios. Culpar a “los de la izquierda/derecha/los inmigrantes/los jóvenes…” por el acto de un individuo convierte la emoción en política del miedo, facilita medidas desproporcionadas y normaliza la hostilidad hacia el “otro”. - Boicot a la investigación
Señalamientos prematuros siembran desinformación: contaminan testigos, generan pistas falsas y desvían recursos policiales. En eventos con alta exposición mediática, la avalancha de afirmaciones no verificadas ralentiza y entorpece la identificación del autor real. - Riesgo de escalada violenta
El lenguaje deshumanizante (“animales”, “lunáticos”) y las llamadas a “dar una paliza” legitiman respuestas agresivas extrajudiciales. La criminología del orden público muestra que ese tipo de retórica aumenta la probabilidad de conductas de venganza y choques entre grupos.
El caso Kirk: en qué punto estamos y por qué importa el lenguaje
El 11 de septiembre de 2025, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un acto en la Utah Valley University, Donald Trump anunció que le concedería póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad y, al mismo tiempo, declaró “daría una paliza a los lunáticos de la izquierda radical”. En ese momento, no había autor identificado y la investigación seguía abierta; las autoridades habían recuperado un rifle y difundido imágenes de un “person of interest” o sospechoso, pero sin atribución política confirmada. La simultaneidad entre la falta de pruebas sobre la motivación y el señalamiento a un colectivo ilustra los riesgos descritos arriba.
La cobertura de medios nacionales recogió la literalidad del mensaje (“we have to beat the hell out of radical left lunatics”), un marco punitivo-expresivo que, desde la criminología, se asocia con polarización afectiva y con la normalización de respuestas informales. En paralelo, otras declaraciones del propio Trump apelaron a la no violencia como forma de respuesta, una disonancia que, de cara al público, deja espacio para interpretaciones selectivas y puede alimentar dinámicas de radicalización recíproca (cada bando percibe al otro como amenaza existencial).
Es crucial subrayar el punto temporal: antes de conocer al autor o su motivación, culpar a “la izquierda radical” convierte un crimen individual en culpa colectiva. Esa traslación, más allá del debate político, es criminológicamente contraproducente: erosiona la confianza en los procedimientos, multiplica las agresiones de oportunidad contra “sospechosos por pertenencia” y dificulta el trabajo policial al añadir ruido al señalamiento del verdadero responsable.
Como sugerencia de buenas prácticas comunicativas tras la comisión de un delito, podemos encontrar:
- Esperar a los hechos: no atribuir autoría ni motivaciones hasta que lo haga la investigación.
- Hablar en condicional: si hay hipótesis, presentarlas como tales, con la evidencia disponible.
- Evitar la deshumanización: describir conductas, no “esencias” de personas o colectivos.
- Apoyar el proceso: remitir a fuentes oficiales y a los avances verificados.
- Desescalar: líderes políticos, medios y figuras públicas deben modelar el lenguaje prudente; la experiencia comparada muestra que la contención verbal reduce el riesgo de exceso de vigilancia y disturbios.
Con todo lo anterior podemos colegir que no acusar sin pruebas no es sólo un mandato jurídico; es una estrategia de prevención del daño secundario (estigmas, represalias, pánico moral) y una condición para que la justicia funcione. El caso Kirk recuerda que las palabras importan: cuando se lanzan con la fuerza de una tribuna presidencial, pueden activar o inhibir dinámicas de violencia. Elegir la prudencia es, también, elegir seguridad.