En la última semana de junio de 2025, España ha sufrido un episodio de violencia de género sin precedentes recientes, con el asesinato de seis mujeres y un niño en apenas 48 horas. Estos crímenes, todos cometidos por parejas o exparejas, elevan la cifra provisional de víctimas mortales por violencia machista a 20 mujeres y varios menores en lo que va de año. La ausencia de denuncias previas en la mayoría de los casos revela fallos graves en la detección temprana, en la sensibilización y en la comunicación entre instituciones encargadas de la protección de las víctimas.
Desde la perspectiva criminológica, estos sucesos se enmarcan en la violencia de género, motivados por dinámicas de poder y control que subyacen en las relaciones de pareja del hombre hacia la mujer. Según la teoría del conflicto, el agresor percibe la pérdida de dominio como una amenaza a su identidad, lo que desemboca en violencia extrema. A menudo, estos homicidios son el desenlace de un proceso de escalada desde maltrato psicológico o físico leve, maltrato sexual y/o económico, hasta agresiones más graves, que nunca llegó a registrarse ni ser denunciado.
Sabemos que existen indicadores tempranos de riesgo que, de no atenderse, pueden anticipar un desenlace fatal. Muestro una pequeña muestra de ellos:
- Control coercitivo: limitación de la libertad de movimientos, vigilancia del teléfono y aislamiento social de la víctima.
- Antecedentes de conducta violenta: incluso sin denuncia formal, el entorno (familiares, vecinos, compañeros de trabajo) suele percibir episodios de agresión que no trascienden.
- Fallos en el sistema VioGen: demoras en la inscripción de órdenes de protección y falta de coordinación entre juzgados y cuerpos de seguridad impiden la activación inmediata de medidas de seguimiento.
El repunte de feminicidios en junio coincide con un fenómeno recurrente: el verano y los períodos vacacionales aumentan las situaciones de convivencia prolongada y de estrés económico y familiar. La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior han alertado sobre la “época especialmente peligrosa” que representan las vacaciones, instando a reforzar tanto la vigilancia policial como los recursos de atención telefónica y telemática (016, Atenpro, AlertCops).
Si bien la cifra mensual de junio de 2025 es alarmante, los datos del Ministerio de Igualdad muestran una tendencia creciente en el último lustro:
- En 2020 se registraron 45 víctimas mortales.
- En 2023 la cifra alcanzó las 52.
- Hasta junio de 2025 van contabilizadas 20 mujeres y al menos tres menores.
Este incremento exige examinar factores estructurales: el impacto de la crisis económica postpandemia, los cambios en los modelos de masculinidad y la eficacia real de las políticas de prevención.
Debemos poner el foco en la prevención para lograr minimizar estas alarmantes cifras. Desde la criminología, entre otras, proponemos las siguientes medidas urgentes como lo son la implantación de protocolos obligatorios de Danger Assessment para profesionales de primeros auxilios y servicios sociales, con revisión periódica de casos de maltrato, la impartición de cursos obligatorios para jueces, fiscales, policía y personal sanitario sobre las manifestaciones del control coercitivo y la violencia psicológica, la digitalización y automatización de la inscripción de órdenes de alejamiento en VioGen, con alertas inmediatas a las víctimas y a las fuerzas de seguridad, la financiación de proyectos que utilicen análisis de redes sociales y big data para detectar patrones de riesgo en tiempo real, respetando siempre la privacidad de las víctimas y la implementación de programas en centros educativos y empresas para desactivar mitos sobre el “amor romántico” y la bondad de los celos como sinónimo de amor para fomentar la corresponsabilidad en entornos cercanos a las mujeres en riesgo.
Imagen: El País