El 15 de abril de 2025, una menor de 16 años fue víctima de una violación grupal en Loures, a las afueras de Lisboa, cometida por jóvenes de 17 a 19 años que difundieron vídeos del ataque en redes sociales, acumulando más de 32 000 visualizaciones sin que nadie interpusiera denuncia
Tras ser detenidos e imputados por violación, secuestro y pornografía de menores, los presuntos agresores quedaron en libertad con medidas cautelares leves, lo que desató protestas frente al Parlamento portugués y en varias ciudades, exigiendo “justicia real” y mostrando su indignación ante lo que denominan “benevolencia judicial” hacia los delitos sexuales.
En Portugal, el delito de violación está tipificado como semipúblico, lo que implica que su persecución penal depende de la presentación de querella por parte de la víctima, salvo cuando ésta sea menor de edad. Además, las víctimas adultas disponen de un plazo de seis meses para presentar la queja; transcurrido este periodo, el derecho a denunciar prescribe y el Estado pierde la facultad de iniciar actuaciones penales.
Según datos del Ministerio de Justicia portugués de 2016, solo el 37 % de los condenados por crímenes sexuales cumple pena de prisión, mientras que en el 58 % de los casos las condenas se suspenden; en el delito específico de violación, 4 de cada 10 sentencias son suspendidas.
Más recientemente, el European Institute for Gender Equality recoge que en 2021 se procesaron 3 770 hombres por violencia doméstica (incluyendo abusos sexuales), de los cuales 2 132 fueron condenados y solo 874 ingresaron en prisión. Esta laxitud sancionadora no solo merma la disuasión sino que refuerza la sensación de impunidad entre los agresores y perpetúa una cultura de silencio y vergüenza para las víctimas.
Desde la rutina de actividades se observa que la viralización de imágenes de la agresión reduce aún más la barrera de los “guardianes capaces” (familia, comunidad, plataformas), al tiempo que ofrece oportunidades rutinarias para la comisión y difusión del delito en espacios virtuales. Por su parte, la criminología feminista enfatiza cómo las estructuras patriarcales y las normas de género configuran una “cultura de la violación”, donde la minimización social y judicial de la violencia sexual reproduce el poder de los agresores y refuerza el estigma hacia las víctimas.
En España, la Ley Orgánica 10/2022 transformó los delitos sexuales, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual y centrando la definición de violación en la falta de consentimiento expreso e inequívoco, tipificándolo como delito público (no depende de querella) y ampliando los plazos de denuncia. Desde octubre de 2022, este enfoque ha endurecido las penas y reforzado la protección de las víctimas, contribuyendo a un aumento de la percepción de eficacia del sistema penal frente a la violencia sexual.
La grabación y difusión de la agresión no solo agrava el daño psicológico de la víctima, sino que implica responsabilidades penales y administrativas sobre quienes comparten o se benefician de estos contenidos. El debate actual demanda la creación de protocolos específicos para la retirada inmediata de imágenes y la sanción de usuarios y plataformas que faciliten la viralización de delitos sexuales. En el Parlamento Europeo, la MEP Ana Catarina Mendes ha instado a reforzar el marco legal comunitario para garantizar la seguridad digital y sancionar la difusión de material sexual no consentido.
- Reclasificar la violación como delito público, eliminando la necesidad de querella y ampliando los plazos de denuncia.
- Crear juzgados especializados en violencia sexual con formación continua en género y psicología forense.
- Desarrollar programas educativos en centros escolares y comunitarios sobre consentimiento, masculinidades alternativas y bystander intervention (intervención de los testigos).
- Establecer protocolos digitales obligatorios de alerta y retirada inmediata de contenidos, coordinados con las plataformas.
- Impulsar campañas de sensibilización para desestigmatizar la denuncia y ofrecer asistencia integral a víctimas (psicológica, legal y social).
- Incorporar la experiencia de víctimas en la evaluación de medidas y protocolos de actuación, conforme a las Conclusions of the Council on the EU Strategy on the Rights of the Child (2022), que instan a mejorar la prevención y protección de menores.
Si quieres ampliar esta información puedes acudir a mis fuentes:
- El País. “Una violación grupal a una menor en Portugal desata protestas contra la benevolencia judicial hacia los delitos sexuales”
https://elpais.com/sociedad/2025-04-22/una-violacion-grupal-a-una-menor-en-portugal-desata-protestas-contra-la-benevolencia-judicial-hacia-los-delitos-sexuales.html
- Diário da República Electrónico. Código Penal – Artigo 163.º (Violação, semipúblico)
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/codigo-penal-18215025/artigo-163
- Ministério da Justiça de Portugal. Relatório Estatístico de 2016 (Cumprimento de penas em crimes sexuais)
https://justica.gov.pt/Estatisticas/Paginas/relatorio-criminalidade-2016.aspx
- European Institute for Gender Equality (EIGE). “Gender-based Violence Against Women” (2021)
https://eige.europa.eu/publications/measuring-violence-against-women-european-union-2021
- Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (“Solo sí es sí”)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7466
- Consejo de la Unión Europea. Conclusions on the EU Strategy on the Rights of the Child (2022)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13790-2022-INIT/es/pdf
- Parlamento Europeo. Resolución sobre responsabilidades digitales de las plataformas y difusión de contenido sexual no consentido
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2025-04-XX_ES.html
- European Parliament. Intervención de la MEP Ana Catarina Mendes instando a reforzar el marco legal comunitario
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20250414IPR05607/proteccion-menores-digital
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Study on Violence against Children (2020)
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_29/ECN72020_Ebook.pdf