Un grupo de vecinos de As Conchas, en Ourense, junto con la comunidad local y respaldados por organizaciones ecologistas como Amigas de la Tierra y ClientEarth, han interpuesto una demanda sin precedentes en Europa contra la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y varios ayuntamientos de la zona. Argumentan que la contaminación provocada por la ganadería industrial ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la privacidad y a la propiedad. La acumulación de excrementos de macrogranjas porcinas y avícolas ha deteriorado gravemente la calidad del agua, el suelo y el aire, afectando la salud y el bienestar de los residentes. Esta acción legal busca establecer un precedente para que se adopten medidas contra la contaminación ganadera y se protejan los derechos ciudadanos en Europa. El País
Este caso se suma a otras demandas medioambientales en España donde se alegan vulneraciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional admitió un recurso de organizaciones ecologistas contra una sentencia del Supremo que avalaba el plan climático estatal, cuestionando si el calentamiento global afecta a los derechos fundamentales. Además, en 2020, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón y Greenpeace demandaron al Gobierno español por la falta de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima adecuado, argumentando que incumplía compromisos internacionales y afectaba derechos fundamentales.
La criminología verde, que estudia los delitos y daños ambientales, desempeña un papel crucial en la protección de nuestro entorno. Al analizar y evidenciar cómo ciertas actividades industriales y políticas públicas pueden infringir derechos fundamentales y dañar el medio ambiente, esta disciplina contribuye a la formulación de políticas más sostenibles y a la promoción de la justicia ambiental. La demanda de As Conchas es fundamental para mostrar cómo la criminología verde puede respaldar acciones legales que buscan responsabilizar a las autoridades y empresas por daños ecológicos, enfatizando la necesidad de salvaguardar tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades afectadas.
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