La noticia publicada recientemente sobre la iniciativa europea para que los cazadores abandonen el uso de munición de plomo, debido a la contaminación que genera en el medioambiente –con cifras que alcanzan hasta 14.000 toneladas de plomo al año– abre un debate que va más allá de la mera discusión medioambiental y se adentra en el terreno de la criminología ambiental. Esta circunstancia me lleva a reflexionar sobre la pregunta: ¿podríamos considerar que la caza legal constituye un delito contra el medioambiente por la contaminación que generan sus prácticas?
El primer aspecto a considerar es la naturaleza del daño: la contaminación por plomo. La evidencia científica demuestra que el plomo, al dispersarse en el medioambiente, afecta tanto a la fauna como a la salud humana. La munición de plomo, utilizada tradicionalmente en la caza, se fragmenta al impactar, liberando pequeñas partículas que se infiltran en el ecosistema. Este residuo tóxico no solo perjudica a las especies que habitan en dichos ambientes, sino que también entra en la cadena alimentaria, generando efectos a largo plazo que pueden considerarse perjudiciales a escala ecológica y social.
Desde la perspectiva criminológica, y en particular bajo el enfoque de la criminología ambiental o “green criminology”, se plantea la necesidad de analizar conductas que, aun siendo legales, generan daños significativos y sistemáticos al medioambiente. Tradicionalmente, el concepto de delito se ha asociado a la transgresión de normas establecidas en un determinado ordenamiento jurídico. Sin embargo, el paradigma de la criminología ambiental invita a cuestionar esta dicotomía legal/ilegal cuando el resultado del acto –en este caso, la liberación masiva de plomo– entraña consecuencias tan graves que podrían tipificarse como daños a la vida y al entorno.
La caza legal, en muchos países, es una actividad regulada y considerada como una práctica cultural y económica. No obstante, el uso de plomo en la munición, a pesar de estar permitido, genera un perjuicio ambiental que podría compararse en magnitud y persistencia al daño causado por actividades tradicionalmente catalogadas como delitos ambientales. En este sentido, el análisis criminológico no se limita a la consideración de la legalidad formal, sino que se centra en el impacto real del acto. ¿Podría, entonces, un acto legal que causa un daño ambiental tan severo ser reclasificado o, al menos, objeto de medidas punitivas más estrictas?
Algunos teóricos sugieren que, si bien la caza en sí es una práctica legítima, el uso de munición de plomo se encuentra en una zona gris ética y jurídica. La posibilidad de reconfigurar el marco normativo para incluir sanciones por la contaminación ambiental derivada de prácticas legales se basa en la idea de que la protección del medioambiente es un bien colectivo de valor incalculable. En este contexto, la noción de «delito contra el medioambiente» se extiende a aquellas actividades –aun siendo legales– que afectan negativamente a la salud de los ecosistemas y, por ende, al bienestar general de la sociedad.
Esta reflexión invita a analizar los límites del concepto de delito desde una óptica contemporánea. El derecho penal, en muchas ocasiones, ha evolucionado para incluir conductas que, aunque no encajen en la definición clásica de “delito”, generan daños significativos a la sociedad o al entorno natural. Por ejemplo, los delitos ambientales han sido objeto de una creciente preocupación legislativa a nivel mundial, lo que ha llevado a la incorporación de normas específicas para prevenir y sancionar actividades que deterioren el medioambiente. En este sentido, el debate sobre la caza legal y la contaminación por plomo se inserta en una discusión más amplia sobre la necesidad de actualizar y ampliar el alcance de las normativas penales para proteger de manera efectiva los recursos naturales y la salud pública.
Otro elemento clave en este análisis es la responsabilidad social y ética. Desde una perspectiva criminológica, el daño ambiental causado por la munición de plomo no solo se mide en términos de toxicidad o en la pérdida de biodiversidad, sino también en el impacto en las comunidades que dependen de un entorno saludable para su desarrollo. La contaminación ambiental, al afectar la calidad del agua, el suelo y la salud de los animales, tiene repercusiones directas en la vida de las personas. De esta manera, la actividad de caza que utiliza munición de plomo se convierte en una fuente de conflicto entre intereses tradicionales y la imperiosa necesidad de preservar un medioambiente seguro y sostenible.
Además, la discusión sobre la criminalización de prácticas que generan contaminación plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas punitivas en el ámbito ambiental. ¿Es suficiente castigar o sancionar económicamente a los cazadores que emplean munición de plomo, o se requiere una transformación más profunda en los métodos y técnicas utilizadas en la caza? En otras palabras, el debate no solo se centra en la posible tipificación penal de la contaminación ambiental derivada de la caza legal, sino también en la búsqueda de soluciones tecnológicas y alternativas que permitan conciliar la tradición cinegética con la protección del medioambiente. La transición hacia municiones menos contaminantes podría ser, en este contexto, una estrategia eficaz para mitigar el impacto ecológico sin desarraigar prácticas culturales.
Desde el punto de vista criminológico, el análisis de esta problemática también implica revisar la función y los límites del derecho penal como herramienta de control social. La criminalización de conductas que generan daños ambientales se enfrenta a desafíos complejos, ya que implica ponderar el interés público por la preservación del medioambiente frente a derechos y libertades históricamente reconocidos, como la caza. La redefinición de la conducta delictiva en este contexto requiere una aproximación multidisciplinar, donde converjan el derecho, la criminología, la ecología y la ética. La integración de estos saberes puede conducir a un marco normativo que, sin eliminar la legalidad de la caza en sí, regule de manera más estricta los métodos y materiales empleados para minimizar el daño ambiental.
Finalmente, la reflexión sobre si la caza legal podría considerarse un delito contra el medioambiente, a la luz de la contaminación por plomo, destaca la necesidad de repensar la relación entre legalidad y justicia ambiental. La ciencia y la evidencia empírica han demostrado que la liberación de 14.000 toneladas de plomo al año tiene efectos perjudiciales sobre la salud de los ecosistemas y de las personas. En este sentido, la criminología ambiental aboga por una revaloración de aquellas prácticas que, aun siendo legales, resultan incompatibles con la protección del medioambiente y el bienestar social.
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Fuente de la imagen: elDiario.es