El 14 de diciembre de 1976, el periódico EL PAÍS informaba sobre el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado en España. Los secuestradores, identificados como miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), habían emitido varios comunicados sin detallar claramente sus condiciones para la liberación del señor Oriol. En una de las notas, aseguraban que el prisionero se encontraba bien y advertían al Gobierno sobre posibles consecuencias si no se cumplían sus demandas.
Este secuestro se enmarca en una época de intensa actividad terrorista en España, donde grupos como el GRAPO buscaban desestabilizar el proceso de transición democrática tras la dictadura franquista. Desde una perspectiva criminológica, el caso del señor Oriol ofrece un ejemplo de las estrategias empleadas por organizaciones terroristas para ejercer presión sobre el Estado y la sociedad.
El secuestro de figuras prominentes servía a estos grupos para obtener visibilidad mediática y forzar negociaciones con el Gobierno. En este caso, el GRAPO exigía la liberación de varios presos políticos a cambio de la vida del señor Oriol. Estas tácticas buscaban no solo la consecución de objetivos políticos inmediatos, sino también sembrar el miedo y la desconfianza en la población.
Desde el punto de vista criminológico, es relevante analizar la selección de la víctima. Antonio María de Oriol y Urquijo no solo ocupaba un cargo de alta relevancia institucional, sino que también representaba la continuidad del régimen anterior, lo que lo convertía en un símbolo para los grupos insurgentes. La elección de una figura con tal perfil buscaba maximizar el impacto del acto delictivo y enviar un mensaje claro al Estado y a la sociedad.
Además, la comunicación constante de los secuestradores con los medios de comunicación, como en este caso con EL PAÍS, evidencia una estrategia deliberada para controlar la narrativa y mantener la atención pública. El uso de comunicados y amenazas públicas formaba parte de una guerra psicológica destinada a influir en la opinión pública y presionar a las autoridades.
El análisis de este caso permite comprender las dinámicas operativas de los grupos terroristas de la época, así como las respuestas del Estado y la sociedad ante tales amenazas.
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Fuente de la foto: El País