El 18 de enero de 2025, se dio a conocer en Galicia un caso sin precedentes en España: un intento de asesinato orquestado a través de la deep web. Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, contrató a un supuesto sicario para acabar con la vida de su expareja. Este intento de homicidio, que finalmente fue frustrado por las fuerzas de seguridad, subraya la creciente amenaza del uso de las redes clandestinas en la comisión de delitos graves.
La investigación comenzó cuando un organismo internacional especializado en ciberdelincuencia detectó comunicaciones sospechosas en un foro de la deep web conocido por facilitar actividades ilícitas. En ellas, el acusado ofrecía dinero a cambio de que un sicario asesinara a su expareja, con quien había tenido una relación marcada por episodios de violencia y control.
Las autoridades españolas, en colaboración con organismos internacionales, rastrearon las transacciones realizadas en criptomonedas y los mensajes encriptados del acusado. La intervención policial fue crucial para frustrar el plan antes de que el crimen pudiera llevarse a cabo. La víctima fue puesta bajo protección inmediata tras la detención del hombre, quien ahora enfrenta cargos por intento de asesinato y otros relacionados con el uso de tecnologías para la comisión de delitos.
Este caso pone de manifiesto la creciente accesibilidad de la deep web para fines delictivos, donde el anonimato y el uso de criptomonedas crean un entorno ideal para actividades como la contratación de sicarios, el tráfico de drogas y el intercambio de material ilegal.
Desde una perspectiva criminológica, se abre un debate sobre las motivaciones detrás de estos actos. En este caso, los antecedentes de violencia de género sugieren que el acusado buscaba perpetuar su control sobre la víctima incluso después de finalizada la relación. Este fenómeno, conocido como violencia posruptura, es una forma extrema de agresión que ha cobrado visibilidad en los últimos años.
La naturaleza transnacional y encriptada de la deep web representa un desafío significativo para las fuerzas de seguridad. Aunque España cuenta con unidades especializadas en cibercrimen, como la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, la detección y prevención de estos delitos requiere cooperación internacional y el desarrollo constante de herramientas tecnológicas avanzadas.
Además, este caso reaviva el debate sobre la necesidad de actualizar el marco legal para abordar los crímenes cometidos a través de la deep web. Actualmente, la legislación española contempla el uso de la tecnología en delitos de violencia de género, pero este caso podría sentar un precedente para nuevas regulaciones específicas.
La detención del autor de este intento de asesinato demuestra la eficacia de la cooperación internacional y la especialización policial en un entorno digital que evoluciona constantemente. Sin embargo, también pone de relieve la vulnerabilidad de las víctimas y la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección frente a este tipo de amenazas.
Este caso marca un antes y un después en el estudio criminológico de los delitos digitales en España y subraya la importancia de combinar esfuerzos tecnológicos, legales y sociales para combatir el uso de la deep web con fines criminales.
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Fuente imagen: El País